APETAMCOR Solicita al Gobierno la Nulidad de las Prórrogas de la Concesión de la AP-9
La Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia APETAMCOR ha presentado formalmente ante el Consejo de Ministros una solicitud de revisión de oficio para declarar la nulidad de las prórrogas de concesión de la Autopista del Atlántico (AP-9), otorgadas por los reales decretos de 1994 (Gobierno de Felipe González) y de 2000 (Gobierno de José María Aznar).
Esta decisión fue anunciada en una rueda de prensa ofrecida este martes 5 de agosto en Santiago de Compostela, en la que intervinieron la secretaria general de APETAMCOR, Myriam Otero, su gerente, Natalia Blanco, y el abogado Xoán Antón Pérez Lema, quien lidera el proceso jurídico en representación de la asociación de transportistas.
Argumentos Jurídicos y Apoyo de la Jurisprudencia Europea
El recurso de APETAMCOR se fundamenta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera nulas las ampliaciones de concesiones cuando se han realizado sin procesos de licitación abiertos ni publicaciones oficiales previas, tal como ocurrió en el caso de la AP-9. Estas actuaciones, según la asociación, vulneran principios de competencia y transparencia recogidos en los tratados fundacionales de la UE.
Implicaciones Económicas: Hasta 150.000 € por Vehículo Afectado
De declararse nulas las prórrogas, se abriría la vía para reclamar los peajes pagados indebidamente desde el año 2013. Se estima que un solo camión que utilice la AP-9 de forma habitual podría haber abonado hasta 150.000 euros en concepto de peajes durante este periodo. Por ello, se recomienda a todos los transportistas conservar tickets y facturas, ya que serían fundamentales en reclamaciones futuras.
Myriam Otero, secretaria general de APETAMCOR:
“Lo que está en juego no es solo la legalidad formal de una concesión, sino la recuperación de un derecho esencial para Galicia: el libre uso de una infraestructura vital que llevamos décadas pagando”
.
“Estas prórrogas nunca tuvieron efectos jurídicos válidos y, por tanto, los peajes cobrados desde 2013 pueden ser reclamados en su totalidad”
Alternativa al Rescate y Ahorro para el Estado
A diferencia de la opción del rescate de la infraestructura, que podría costar entre 2.400 y 6.000 millones de euros según distintas fuentes, la nulidad de las prórrogas evitaría que el Estado tuviese que indemnizar a la concesionaria por lucro cesante. Un estudio de la Universidade da Coruña sitúa el coste total de la operación entre 900 y 1.200 millones de euros, cifra significativamente inferior a la estimada por el Gobierno central.
Declaraciones del abogado Xoán Antón Pérez Lema:
“Las dos prórrogas fueron concedidas sin procedimiento abierto, modificando el régimen concesional de forma sustancial. Eso las convierte en nulas de pleno derecho”
“Con la revisión de oficio, el Gobierno puede cumplir con lo que exige la Unión Europea sin necesidad de pagar indemnización por lucro cesante. Es la vía más lógica y económica”
“Confiamos en que el Consejo de Ministros dé trámite al expediente y solicite informe al Consejo de Estado antes del 17 de septiembre”
Camino Legal: Revisión de Oficio Antes del Tribunal Supremo
APETAMCOR ha optado por un camino más garantista y menos precipitado que el de acudir directamente al Tribunal Supremo, como ha anunciado otra organización sectorial. La solicitud ante el Consejo de Ministros se considera un paso imprescindible que refuerza la solidez jurídica del procedimiento y permite al Ejecutivo cumplir con el ultimátum remitido por la Comisión Europea.
Natalia Blanco, directora general de APETAMCOR:
“Presentar esta solicitud ante el Gobierno es el camino correcto. Evita costes innecesarios, precipitaciones sin garantías y refuerza una futura reclamación”
“Podría ser más garantista para el conjunto del sector. Por eso quisimos hacer ese paso previo antes de acudir a instancias judiciales”
Compromiso con Galicia y el Sector
La nulidad de estas prórrogas no solo se plantea como una cuestión legal, sino también como un acto de justicia para Galicia. La AP-9, una infraestructura estratégica que conecta cinco de las siete principales ciudades gallegas, debería estar al servicio del interés general y no supeditada a prórrogas consideradas ilegales por instancias comunitarias.
Desde APETAMCOR, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los transportistas y de la ciudadanía gallega, y seguiremos utilizando todas las herramientas legales a nuestro alcance para lograr un uso más justo y equitativo de la AP-9.
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